Elena Cortés: "El Decreto-Ley de la Vivienda es el punto y seguido de más cambios que protagonizaremos desde el sur”
El Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda en sus primeros seis meses ha frenado más de 1.500 desahucios.
Pedro Ortega-05/05/2013
Poca gente habrá ya que desconozca la medida llevada a cabo por el gobierno andaluz para hacer cumplir la función social de la vivienda. Sin duda esta norma ha venido a provocar cierta intranquilidad en sectores políticos y económicos que se ha traducido en una campaña feroz encabezada por los medios de comunicación de la derecha de desprestigio de la acción política que Izquierda Unida está llevando a cabo en Andalucía.La responsable máxima de la cuestión es Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda desde la entrada de IULV-CA al gobierno de la Junta de Andalucía, hace ahora un año. Habla del 'minuto uno' para referirse al momento en que tomó posesión del cargo y desde entonces asegura haber puesto a toda la Consejería a trabajar con un objetivo: hacer cumplir el derecho humano a la vivienda en Andalucía.
Con unas políticas novedosas, en un momento en el que España ha podido escuchar frases de boca de un ministro del tipo “Gobernar es repartir el dolor”, ella se ha convertido en una referencia para las políticas de izquierdas aunque, cada vez que puede, habla de los padres y las madres que tiene el decreto y nombra a todos y cada uno de los miembros que le acompañan al frente de la Consejería así como al movimiento social que lo ha impulsado.
Militante del Partido Comunista de Andalucía y actual miembro del Comité Central, quien la conoce sabe de su firmeza en las ideas que las imprime en cada palabra. Sú máxima: la vivienda es un derecho humano y como tal, no podemos consentir que haya viviendas sin gente mientras exista gente sin casas.
Se refiere a la norma aprobada como un “seguro de la función social de la vivienda” que la consagra en Andalucía como derecho “rompiendo con su histórica consideración como mero vehículo para la especulación”. En su conversación con Mundo Obrero no le faltan referencias al análisis del Partido Comunista y nos comenta que la lógica de acumulación imperante tiene su origen en la imposición de un modelo de inserción exterior que trajo consigo la CEE y que se tradujo, básicamente, en una especialización productiva en turismo y construcción. A partir de ese análisis Elena Cortés desgrana lo que para muchas personas es ya la consolidación del “sí se puede”.
Mundo Obrero: Aunque a estas alturas poca gente desconoce el Decreto-Ley, ¿podría resumir su contenido?
Elena Cortés: El Decreto-ley para asegurar la función social de la vivienda consagra la vivienda como derecho y cumplir con la función social de la vivienda implica que las más de 700.000 viviendas vacías no pueden seguir desocupadas. En paralelo a la existencia de este inmenso stock se están produciendo desahucios masivamente y cientos de miles de personas tienen problemas para acceder a una vivienda, en especial los jóvenes, con las implicaciones que ello tiene para alcanzar una vida autónoma y plena. Los desahucios son naturalmente desahucios de clase. ¿La solución es construir más viviendas? Obviamente, no. Eso no es solución ni para la vivienda ni para el empleo.
El sector de la construcción debe reorientarse hacia la rehabilitación, que genera tres veces más empleo con la misma inversión que la construcción de nueva vivienda si se encamina hacia la pequeña y mediana empresa. Si el problema del derecho a la vivienda se resolviera construyen- do más casas, España sería un paraíso sin desahucios. Y no es así, como todo el mundo sabe.
M.O.: ¿Cómo respondemos, entonces?
E.C.: Pues de una forma radical: atacando la raíz del problema, todas estas viviendas vacías. Y lo hacemos de dos formas: una, con incentivos para las personas físicas que tienen viviendas vacías; dos, con sanciones a las personas jurídicas, fundamental- mente bancos e inmobiliarias, que tienen viviendas vacías. El Decreto-Ley crea además una nueva figura jurídica, que incomprensiblemente no existía, la de vivienda vacía. Venimos de una realidad incomprensiblemente desregulada y opaca. Y este Decreto-Ley pone orden para servir, con los datos en la mano, al interés general.
M.O.: También tiene como objetivo el abaratamiento del alquiler...
E.C.: Sí y también la creación de una Agencia Pública de Alquiler. Es decir, hemos presentado una alternativa a la política de vivienda del PP. En vez de rescatar a los bancos, rescatamos a la mayoría social.
M.O.: Y además está la expropiación temporal del uso de las viviendas embargadas a personas en riesgo de exclusión social...
E.C.: En efecto. ¿Cómo íbamos a quedarnos de brazos cruzados ante el aluvión de desahucios provocados por unas entidades financieras regadas con dinero público? Teníamos que actuar, y así lo planteamos des- de el minuto uno de ser gobierno andaluz, más aún cuando el gobierno central está aplicando la máxima del personaje de Tancredi en El Gatopardo: “Algo tiene que cambiar para que nada cambie”. La fórmula de la expropiación temporal del uso nos pareció óptima. En los casos en que la persona desahuciada, o en vías de desahucio, acredite mediante la exposición de una serie de requisitos socioeconómicos su situación de riesgo de exclusión social, expropiaremos temporalmente, por un máximo de tres años, el uso de la vivienda a la entidad financiera que la haya embarga- do. Tratamos así de proteger la salud física y psíquica, ¡y hasta la vida!, de personas y familias en situación de absoluta vulnerabilidad. El propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya puso negro sobre blanco, en su histórica sentencia de marzo, que en España y en Andalucía la desprotección de los consumidores de productos hipotecarios ha sido absoluta. Con la sentencia en la mano, los más de 400.000 desahucios en España desde 2007 han sido ilegales. Teníamos que actuar. Por justicia, debíamos hacerlo. Y además creemos que es necesaria una política de verdad, justicia y reparación ante la estafa hipotecaria sufrida por la mayoría social. La sentencia de Luxemburgo es impecable, y el Decreto-Ley va en la misma línea.
M.O.: ¿Cómo se siente?
E.C.: ¿Con respecto al Decreto-Ley? Muy responsabilizada y convencida de seguir el camino trazado por este Decreto-Ley, que demuestra que se pueden introducir cambios profundos desde la izquierda. Y orgullosa del equipo de la Consejería, de mi organización política y de la sociedad civil organizada, sin cuyo empuje esta medida hubiera sido imposible.
M.O.: ¿Satisfecha?
E.C.: No, satisfecha no. Empezamos un camino largo, que ahora hay que recorrer con paso firme, atendiendo a nuestros principios y a nuestro programa. Cabe por supuesto una cierta satisfacción por un compromiso cumplido que no ha sido sencillo alcanzar, y que supone una variación radical del modo en que es entendida la vivienda. De ser una simple mercancía, un objeto de especulación, pasa a ser un derecho protegido con todas las herramientas al alcance del gobierno andaluz. Pero más allá de esa satisfacción puntual, queda la responsabilidad de continuar. Esto ha sido sólo el principio. El Decreto-Ley es un punto de partida. Y el punto y seguido de más cambios que protagonizaremos desde el sur.
Ahora, en esa línea, proponemos una quita sobre la deuda familiar hipotecaria. Es un debate que debemos abrir con urgencia.
M.O.: ¿Cómo se gestó este Decreto-Ley?
E.C.: Es una construcción colectiva, con muchos padres y muchas madres. En primer lugar está Izquierda Unida, que desde que forma parte del gobierno andaluz estableció como prioridad innegociable luchar contra los desahucios y revertir la dinámica especuladora de la que había sido objeto la propiedad inmobiliaria, protegiendo a toda costa el derecho humano a la vivienda en un contexto de emergencia social y económica. Esta pretensión supone no sólo un acto de justicia social, sino también una reivindicación de la utilidad de la política cuando se pone con toda su voluntad y compromiso al servicio del interés general. Es hijo también del equipo de vivienda de esta Consejería, de José Antonio García Cebrián, el viceconsejero, de Amanda Meyer, la secretaria general de Vivienda, y de Antonio Ibáñez, el director general, que han sido a lo largo de todos estos meses ejemplares en su compromiso, dedicación y autoexigencia. Es igualmente hijo de la sociedad civil organizada, de la PAH, de Stop Desahucios, de las organizaciones en defensa de los consumidores, de toda esa gente que forma parte de lo más admirable de la sociedad, de toda aquella gente que quiere un país más justo y solidario y lucha por él a pesar de las presiones, ataques e infamias de la derecha. Y también es hijo del gobierno andaluz en su conjunto.
M.O.: ¿Pero el PSOE creía en este Decreto-Ley desde el principio?
E.C.: Cuando una medida rompe moldes, cuando abre un nuevo camino, cuando ataca la raíz del problema, cuando incumbe a lo más profundo de una cuestión tan básica como es la vivienda, el diálogo y la negociación son necesariamente complejos. Tengamos en cuenta que en España no hay tradición de alquiler, tenemos un 16,9% frente al 33% de Europa. Ya en los 50, el ministro de Vivienda, José Luis Arrese, un falangista de tomo y lomo, decía aquello de que quería “un país de propietarios, no de proletarios”. Ese enfoque caló. Y la democracia no acabó con él. Mira la época del pelotazo, el boom del ladrillo, el llamado capitalismo popular inmobiliario... La mercantilización de la vivienda ha sido un dogma, y romper con eso no es fácil. Pero la negociación del Decreto-ley en el seno del gobierno ha sido un proceso constructivo, crítico, en el que ha prevalecido el respeto mutuo y la exposición de argumentos. Creo que el gobierno andaluz ha madurado gracias a este Decreto-Ley y ahora la coalición es más sólida y consciente de sus posibilidades. Y el resultado es plenamente satisfactorio para todos.
M.O.: El Decreto-Ley ya está en alguna mesa de Bruselas, analizándose con lupa...
E.C.: No tenemos constancia oficial de eso. En cualquier caso, el Decreto-Ley tiene todos sus perejiles jurídicos, es intachable desde el punto de vista social pero también legal, y ofrece plenas garantías a todos los que están concernidos por el texto. A mí me gustaría que la Comisión Europea dedicara el mis- mo celo a estudiar el Decreto-Ley que a estudiar los devastadores efectos sobre la población que tuvo la burbuja inmobiliaria, la ley del suelo de 1998, las políticas de recortes, el discurso de culpabilización de la víctima orquestado por el poder económico... Pero, en fin, tenemos unas instituciones europeas muy pendientes de las cuentas de resultados de los bancos, como si el bienestar del sistema financiero fuera un indicador válido para medir el progreso de una sociedad. Es absurdo. Pero cambiará. La gente ya está diciendo basta.
M.O.: ¿Cómo valora las reacciones que ha provocado el Decreto-Ley?
E.C.: Ha tenido una acogida estupenda. No es sólo una impresión personal, recabada en multitud de foros, también está refrendada por sondeos publicados por los medios de comunicación. La ciudadanía ha tenido la oportunidad de comprobar que se puede hacer la política al servicio de las demandas de las clases populares y de los sufridores de la crisis. Y me llegan multitud de comentarios positivos. Quizás el más inspirador es éste: “Creíamos que no era posible una medida así”. Pues sí que es posible, sí que se puede.
M.O.: Pero también ha desatado una reacción furibunda de la derecha y de las élites económicas.
E.C.: Cada cual tiene derecho a defender sus intereses particulares, pero un gobierno sólo obedece al interés general.
M.O.: ¿A qué atribuye las críticas?
E.C.: Hay muchos factores, muchos de ellos de propia lógica de protección del statu quo. Pero la mayoría de las reacciones de este tipo tienen una causa aún más elemental: no están acostumbrados a que en este país se adopten medidas de izquierdas. Así de sencillo. La derecha, el conservadurismo, o en el mejor de los casos una tecnocracia de apariencia equidistante pero que encubre una salvaguarda permanente de los intereses del capital, han logrado erigirse en referente neutro de la gestión pública. Cuando un gobierno democrático desplaza ese eje hacia la izquierda, muchos tienen la impresión de que el suelo se ha movido bajo sus pies. Pero no es así. Es sólo un gobierno cumpliendo su programa, no hay por qué escandalizarse.
M.O.: La ofensiva de la 'troika' mediática está siendo dura...
E.C.: Vuelvo a lo mismo. Al margen de la extraña y preocupante realidad de que tenemos a golpe de mando a distancia una ingente oferta televisiva de contenidos de extrema derecha, lo cierto es que en general falta costumbre de medidas de izquierdas. Y le diré una cosa más: un gran porcentaje de las críticas, fundamentalmente del PP, se basa en prejuicios repetidos como mantras, sin fundamento ni contenido, un poco a la manera en que los niños defienden sus posiciones, repitiendo y repitiendo insultos mientras se tapan las orejas con las manos, no sea que una idea nueva entre en su cabeza. Por ejemplo, los críticos no se detienen a enterarse de que en países como Francia, Holanda, Dinamarca, Reino Unido o Suecia, por citar algunos, la legislación en defensa del derecho a la vivienda es mucho más restrictiva.
Por otra parte, una segunda porción nada desdeñable de las críticas han sido contra mí, con bajezas de todo tipo. Mi conclusión es optimista: no tienen argumentos contra el Decreto-Ley. ¿Aquello de “Ladran, Sancho, luego cabalgamos”? Pues eso. Todo esto demuestra que el poder de los hechos fundamentados se ha impuesto a las opiniones sin contrastar.
M.O.: Quizás la palabra “expropiación” ha sido el detonante...
E.C.: Volvemos, y perdona mi reiteración, a la falta de costumbre. El problema no es la expropiación. Cada día hay expropiaciones. Por ejemplo para hacer carreteras o metros. La Consejería de Fomento y Vivienda expropia con mucha frecuencia para estos fines. En el caso de carreteras o metros, expropia para garantizar el derecho de las personas a la movilidad. Y nadie dice nada. El problema del Decreto-Ley no es la expropiación.
El problema es su fin, que es proteger el derecho a la vivienda de las personas. Y es un problema, sencillamente, porque la derecha no cree que exista tal derecho. El único derecho que son capaces de defender es el derecho de acumulación de la tasa de ganancia en contra del interés general. Además, es cierto que se ha hablado de expropiación, pero también se ha hablado, y esto me produce una gran satisfacción, de la Declaración de los Derechos Humanos y de la Constitución. Mucha gente ha descubierto gracias a este Decreto-Ley que la Constitución, en su artículo 33, establece la función social del derecho de propiedad. Lo repito: función social del derecho de propiedad. La Constitución no tutela usos antisociales de la propiedad.
M.O.: Parece que el gobierno de coalición que mantienen IU y PSOE en Andalucía va tomando su espacio y supone una oposición seria a las medidas del Ejecutivo de Mariano Rajoy de la Troika.
E.C.: Damos cumplimiento a un programa de gobierno y demostramos que hay alternativa, como defendió la campaña de IU Andalucía. Y eso es intolerable para el gobierno de Rajoy, empeñado como está en la asfixia de la disidencia social y de la alternativa política institucional. No hay más que ver cómo han reaccionado al Decreto-Ley de vivienda y al anuncio de medidas para garantizar la correcta y suficiente alimentación de todos los niños de Andalucía. Me parece indigno. Vamos a continuar por este camino: defensa de las prestaciones sociales, de los servicios públicos, de la movilidad sostenible, defensa de nuestro medio ambiente, de Doñana... Vamos a denunciar cuantas injusticias y abusos cometa el gobierno con nuestra tierra, que tiene un ejemplo paradigmático en la marginación en la inversión ferroviaria, que tapona contra toda lógica social y económica el desarrollo de nuestros puertos y áreas logísticas. Y lo vamos a hacer junto a la gente, que está cobrando la convicción de que es un actor clave para definir el futuro de esta tierra. Como lo fue para que Andalucía obtuviera la autonomía plena, ahora lo vuelve a ser para levantar un dique contra los recortes y la represión.
M.O.: ¿Cómo valora la actitud del PSOE a nivel federal con respecto al Decreto-Ley? Parecen muy satisfechos con el carácter que le imprime IU al gobierno andaluz...
E.C.: Sí, eso parece.
M.O.: En cualquier caso, no es una medida aislada. La política de su Consejería va en su con- junto en la misma línea.
E.C.: Claro, todas las medidas se complementan y se refuerzan, y más en una Consejería que trabaja en equipo y de abajo a arriba. En octubre abrimos en todas las provincias oficinas contra los desahucios dentro del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, que en sus primeros seis meses han logrado frenar más de 1.500 desahucios en toda la comunidad. La apuesta por la rehabilitación se ha concretado ya en los presupuestos de 2013 con 45 millones de euros. Y el Plan Andaluz de Vivienda, ya formulado, incide en la rehabilitación, el alquiler social, la autoconstrucción, el cooperativismo... Es decir, le damos la vuelta al modelo. Y lo hacemos en coherencia con nuestras políticas de movilidad, donde prevalece el transporte público colectivo y la bicicleta. Todo ello nos permite incidir en un modelo de ciudad consolidada, bien conectada e integrada, sostenible en términos medioambientales y de prestación de servicios. Todo va en una misma línea, sí.
M.O.: Y el resto del gobierno andaluz, ¿también va en esa misma línea?
E.C.: Con las particularidades que cada partido y cada consejero imprimen a las competencias que gestionan, creo que el gobierno andaluz es un conjunto coherente que obedece a un programa com- prometido con las demandas de la mayoría social.
M.O.: En pleno desarrollo asambleario de IU-LV-CA, ¿qué espera de este proceso?, ¿cómo se encuentra la organización en Andalucía en este momento?
E.C.: La organización está fuer- te, convencida del papel que debe desempeñar y enfocada al debate de ideas y propuestas. Queremos ser esenciales en la organización de la rebelión contra los recortes. En cuanto al proceso asambleario, espero, como siempre, lo mejor de mi organización. Vamos a dar un relato andaluz a las tareas de la asamblea federal, sumando para consolidarnos como alternativa desde la izquierda a las políticas crueles que nos han traído hasta aquí. IU está en un gran momento en Andalucía. Supimos mantener nuestros principios cuando todo el mundo decía que los principios estaban de más. Y respondimos con compromiso en un momento clave, tras las elecciones, cuando entendimos que no podíamos mirar para otro lado. La clave es cómo gobernar, no si hacerlo o no, en mi opinión. Y creo humildemente que estamos recogiendo la siembra de decisiones meditadas, oportunas y coherentes adoptadas en momentos muy complicados. Estoy muy orgullosa de Izquierda Unida y convencida de que lo mejor para esta organización está por llegar.
Publicado en el Nº 260 de la edición impresa de Mundo Obrero mayo 2013
No hay comentarios:
Publicar un comentario