Los recortes emprendidos colocan el transporte público y, en especial, el suburbano madrileño, en la antesala de la privatización de líneas y servicios. Las protestas organizadas por los trabajadores de metro y EMT están plenamente justificadas y deberían contar con un total respaldo por parte de la ciudadanía.- Su carácter público implica que además de poder ser utilizados por cualquier persona deben también dotar de un servicio mínimo de transporte a lugares que, de lo contrario, solo estarían comunicados por medios privados (automóvil y/o motocicletas).
- Los medios colectivos resultan mucho más eficientes en términos energéticos (la energía empleada por persona desplazada es mucho menor), en términos económicos (en las ciudades en las que un porcentaje mayor de personas se desplazan en transporte público el dinero invertido en desplazarse es mucho menor) y requieren de menos espacio público, tanto para circulación como para estacionamiento.
- Los impactos ambientales de los medios de transporte público (TP) son muy inferiores respecto al automóvil: se contamina menos y emiten menos gases de efecto invernadero por persona transportada.
- Los impactos sociales también son muy inferiores: una siniestralidad prácticamente inexistente, si se compara con el automóvil y las motocicletas; y una generación de ruido por persona transportada mucho más baja.
Pero en la Comunidad de Madrid la disminución de viajes en transporte público (producto de la crisis y el aumento del paro) ha llevado al recorte de servicios, con aumento de tarifas, reducción de frecuencias de paso o cierre de accesos. Esto afecta directamente a trabajadores y usuarios y además desencadena una espiral de deterioro. A menor recaudación, peor servicio y así sucesivamente hasta que su propia inviabilidad en términos económicos lleve a justificar la privatización de parte o la totalidad del servicio. Prueba de ello es que Metro haya encargado un estudio para analizar la privatización, que, de llevarse a cabo, haría que solo se mantuvieran líneas rentables, haciendo desaparecer el resto o manteniéndolas con un servicio muy deteriorado.
La alternativa que proponen las organizaciones firmantes es la opuesta: entender el transporte público madrileño como un sistema que priorice los medios con un menor consumo energético, un menor coste económico, un menor impacto ambiental y una menor siniestralidad. Es decir, los medios de transporte público colectivos y los no motorizados (marcha a pie y en bicicleta).
La financiación de un transporte público de calidad debería pasar por un incremento en los costes por desplazarse y estacionar en automóvil. Una política finalista en la que todo el dinero recaudado por la circulación en coche (por ejemplo de las multas) fuera destinado en su totalidad a mantener un servicio público atractivo y de calidad y facilitar el uso de modos no motorizados.
Mientras no se apliquen estas políticas, debe defenderse el transporte público actual frente a medidas que deterioran los servicios y empujan a su privatización. Por eso, las organizaciones firmantes consideran que las huelgas que están llevando a cabo los trabajadores de metro y EMT con el objetivo de evitar este deterioro progresivo son oportunas y legítimas. Las jornadas de paros deberían contar con la comprensión de la ciudadanía y con un apoyo más activo y comprometido por parte de organizaciones y movimientos sociales de Madrid.
Firmantes: Campaña Internacional de Apoyo a Juicios a Genocidas en Argentina, Casapueblos, Ecologistas en Acción, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida Comunidad de Madrid, Partido Socialista de Madrid y Periódico Codo a Codo
Fuente: http://www.ecologistasenaccion.org/article25376.html
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