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domingo, 22 de septiembre de 2024
sábado, 12 de septiembre de 2020
jueves, 14 de mayo de 2020
jueves, 9 de abril de 2020
Ya puedes solicitar las ayudas al alquiler aprobadas por el Gobierno central
Ya puedes solicitar las ayudas al alquiler aprobadas por el Gobierno central
Tras la aprobación del Real Decreto-Ley 11/2020, que establece una serie de medidas de apoyo a las familias que residan en una vivienda alquilada y no puedan hacer frente al pago de la renta por causas relacionadas con la actual crisis sanitaria, el Área de Urbanismo y Vivienda de la FRAVM ha elaborado una serie de documentos con el fin de que las asociaciones vecinales puedan informar a sus vecindarios. Las ayudas podrán solicitarse hasta el próximo 2 de mayo

El citado real decreto ley contempla una serie de medidas de apoyo a las familias que están en alquiler y que como consecuencia de la crisis del coronavirus han sufrido una significativa bajada de ingresos. A continuación desgranamos esas medidas y ponemos disposición tres modelos para solicitarlas: una solicitud tipo y dos escritos de declaración responsable que deben acompañar la solicitud.
Las medidas se encuentran recogidas en el Real Decreto-Ley 11/2020, cuyo enlace es el siguiente: https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf.
¿Quién puede pedir el aplazamiento del alquiler?
Las personas obligadas a pagar la renta que, como consecuencia de la crisis del COVID-119, pasen a estar en alguna de las siguientes circunstancias:
- En situación de desempleo.
- Dentro de un ERTE.
- Haya reducido su jornada por motivo de cuidado de mayores o menores.
- En caso de ser empresario, u otras circunstancias similares, sufra una pérdida sustancial de ingresos.
¿Cuáles son los requisitos para ser reconocido como persona vulnerable?
Los/as arrendatarios/as que, además de estar en alguna de las situaciones anteriores, cumplan los siguientes tres requisitos:
- No alcanzar en el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, con carácter general, el límite de tres veces el IPREM. Se podrá incrementar 0,1 veces el IPREM por cada hijo/a a cargo o mayor de 65 años en la unidad familiar (0,15 si es unidad familiar monoparental). Este límite subirá a cuatro o cinco veces el IPREM si alguno de los miembros de la unidad familiar tiene declarada discapacidad superior al 33% o al 65%, respectivamente, sin perjuicio de los incrementos que correspondan en función del número de hijos. Es decir:
- Con carácter general: 3 x 537,84 = 1.613,52 euros/mes.
- Con un hijo a cargo: 3,1 x 537,84 = 1.667,30 euros/mes.
- Con dos hijos/as a cargo: 3,2 x 537,84 = 1.721,09 euros/mes
- Si algún miembro tiene una discapacidad superior al 65%: 5 x 537,84 = 2.689,2 euros/mes.
- Etc.
- La renta del alquiler, más los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, agua, pagos de comunidad, teléfono móvil o fijo), sea superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
- Ninguno de los miembros de la unidad familiar sea propietario de una vivienda o tenga en usufructo una vivienda en España. Se exceptúan los casos en que la vivienda sea producto de una herencia o transmisión mortis causa o se acredite la indisponibilidad de la misma por divorcio o separación.
Se entiende por unidad familiar la compuesta por la persona que adeuda la renta, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los/as hijos/as, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda.
¿Cómo se acredita estar en situación de vulnerabilidad económica?
El inquilino o la inquilina debe acreditarlo ante el arrendador/a mediante la presentación de los siguientes documentos:
- En caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.
- En caso de cese de actividad del/la autónomo/a, mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.
- El número de personas que habitan en la vivienda habitual:
- Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.
- Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.
- La declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.
- Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.
- Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes. Esta declaración sustituirá los anteriores si no pudiesen aportarse y deberá incluir la justificación expresa de los motivos, relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden tal aportación. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado. Se adjunta un modelo de la declaración responsable.
¿Cuál es el plazo para solicitar la moratoria?
Los/as arrendatarios/as que se encuentren en situación de vulneración económica podrán solicitar la moratoria desde el 2 de abril hasta el 2 de mayo de 2020.
¿Quién debe aplicar el aplazamiento o incluso condonar automáticamente?
Los grandes tenedores, entendiendo por tales a la persona, física o jurídica, que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera establecido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes.
En el caso de que el acuerdo no se hubiese producido, el arrendador comunicará expresamente al inquilino o arrendatario, en el plazo máximo de 7 días laborables, su decisión, escogida entre las siguientes alternativas:
a) Reducción del 50% del alquiler durante el tiempo que dure el estado de alarma y las mensualidades siguientes si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad, con un máximo en todo caso de cuatro meses.
b) Aplazamiento del pago del alquiler, que se aplicará de manera automática y que afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses.
Dicha renta se aplazará, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas durante al menos tres años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo a lo largo del cual continúe la vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.
El/la inquilino/a no tendrá ningún tipo de penalización y las cantidades aplazadas serán devueltas al/la arrendador/a sin intereses.
¿Qué pasa con el resto de arrendadores/as?
El/la pequeño/a propietario/a, entendido como aquella persona que cuenta con menos de 10 viviendas en propiedad, podrá aceptar de manera voluntaria la solicitud del aplazamiento temporal del pago de la renta o la condonación total o parcial de la misma, si no se hubiera acordado nada previamente entre las partes.
El/la arrendador/a dispone de un plazo de 7 días para comunicar al/la inquilino/a las condiciones de aplazamiento o de fraccionamiento de la deuda. Si no aceptase ningún acuerdo, entonces el/la inquilino/a podrá tener acceso a un programa de ayudas transitorias de financiación.
Por tanto, para los/as pequeños/as arrendadores/as el aplazamiento o rebaja de la deuda es optativo.
¿Cómo saber si el/la arrendador/a es un gran tenedor?
Lo son las empresas públicas de vivienda, así como la mayoría de las empresas privadas que ejercen el alquiler. Por otra parte, los/as inquilinos/as, en general, lo sabrán. Pero si una persona física o jurídica recibe la solicitud y contesta negativamente diciendo que no es un gran tenedor, se puede verificar en el Registro de la Propiedad metiendo el DNI del/la arrendador/a. El servicio no es gratuito.
¿En qué consisten las ayudas transitorias para el alquiler?
Son préstamos de las entidades bancarias, avalados por el ICO, a las personas que estén en la situación de vulnerabilidad definida anteriormente. Los criterios y requisitos se complementarán a través de una Orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Tienen un plazo de devolución de hasta seis años, prorrogable excepcionalmente por otros cuatro, y no supone ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante.
Estas ayudas deben dedicarse al pago de la renta del arrendamiento de vivienda y podrán cubrir un importe máximo de seis mensualidades de renta.
También podrán pedirla los/as inquilinos/as de los grandes tenedores.
¿Qué pasa si el hogar vulnerable tampoco puede hacer frente al pago del crédito de ayuda?
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aprobará una Orden en la que regule las ayudas a las familias que no se hayan recuperado de su situación de vulnerabilidad y no puedan hacer frente a la devolución del préstamo. Las ayudas en tales casos podrán ser de hasta hasta 900 euros al mes y de hasta el 100% de la renta arrendaticia o, en su caso, de hasta el 100% del principal e intereses del préstamo que se haya suscrito con el que se haya satisfecho el pago de la renta de la vivienda habitual.
Las Comunidades Autónomas serán las que determinen la cuantía exacta de estas ayudas, dentro de los límites establecidos para este programa.
¿Y si una familia disfruta indebidamente de las medidas aquí previstas?
Se le suspenderá inmediatamente la ayuda, deberá reintegrar las cantidades que haya recibido y se expondrá a la exigencia de responsabilidades por parte de la administración.
lunes, 27 de enero de 2020
jueves, 26 de septiembre de 2019
martes, 24 de septiembre de 2019
martes, 25 de junio de 2019
martes, 11 de junio de 2019
domingo, 9 de junio de 2019
Soluciones habitacionales en el Paseo de la Dirección

Soluciones habitacionales en el Paseo de la Dirección





jueves, 2 de mayo de 2019
lunes, 26 de noviembre de 2018
domingo, 22 de julio de 2018
domingo, 5 de noviembre de 2017
miércoles, 22 de junio de 2016
jueves, 9 de junio de 2016
miércoles, 18 de mayo de 2016
martes, 17 de mayo de 2016
miércoles, 16 de diciembre de 2015
El Ayuntamiento ofrece tres viviendas en propiedad a la familia que residía en Ofelia Nieto
Manuela Carmena ha recibido hoy a esta familia para comunicarles la propuesta del consistorio a su problema de habitabilidad
El Ayuntamiento ofrece tres viviendas en propiedad a la familia que residía en Ofelia Nieto
14.12.2015
- El consistorio les ha comunicado que en ese solar se construirán viviendas sociales en un plazo aproximado de dos años y medio, tres de las cuales se les adjudicarán en propiedad.
- Carmena reconoce "el daño irreparable" que se ha causado a esta familia, por lo que las viviendas tendrán las mismas características que las que ocupaban.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se ha reunido hoy con diversos miembros de la familia Gracia-González, cuyo edificio en Ofelia Nieto, 29 fue derruido en 2015 tras 10 años de litigio con el Ayuntamiento. El objetivo del encuentro ha sido comunicarles cuál es la solución que puede ofrecerles el actual equipo de Gobierno en estos momentos. A la reunión han asistido también el delegado del Área de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo; la delegada del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras; y la presidenta del distrito de Tetuán, Montserrat Galcerán.
El edificio propiedad de esta familia, situado en la calle Ofelia Nieto número 29 de Tetuán, fue derribado en febrero de este mismo año por el Ayuntamiento para ejecutar el plan urbanístico.
En la reunión de hoy Carmena ha reconocido "el daño y la injusticia sufrida por esta familia" y también "el valor de la lucha que han llevado a cabo, y la dignidad con la que han ejercido su derecho a una vivienda".
Carmena se ha comprometido a que en este solar ninguna promotora construya viviendas libres sino que la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) será la encargada de construir allí viviendas sociales en un plazo aproximado de dos años y medio. Tres de esos pisos serán en propiedad para la familia Gracia González. El Ayuntamiento firmará con ellos un convenio de realojamiento que garantice unas viviendas de características similares a las que tenían ya que "aunque el daño es irreparable, al menos que estas familias no sufran un empeoramiento en sus condiciones de vida anteriores".
Asimismo el ayuntamiento se ha comprometido a estudiar soluciones y ayudas durante el tiempo que se tarde en construir las viviendas. Los responsables municipales han transmitido a la familia que el nuevo equipo de Gobierno "en ningún caso especulará con terrenos públicos, como ha ocurrido en algunas ocasiones pasadas", y ha reconocido que el procedimiento que se utilizó, aunque esté acogido a la legalidad, no es -a su juicio- moralmente aceptable.
Respecto a la posibilidad de revertir esta situación, los responsables municipales han explicado que el marco legal actual no permite devolver la titularidad de un terreno una vez que éste es público, como es este caso, y que no hay forma de anular este proceso de expropiación, que además no se refiere a una actuación aislada en suelo urbano, sino a una actuación integrada en la que se han afectado 19 fincas y 30 titulares de bienes y derechos, y realojado a 15 familias. En esta operación urbana se han obtenido mediante expropiación 2.200 m2 de suelo destinado a equipamiento, 2.565 destinado a zonas verdes y 3.575 destinado a nuevo viario, además de 10.375 m2 en parcelas de uso residencial. Además esta situación quedó consolidada al no haber recurrido los afectados en su día la modificación puntual del Plan General y sí únicamente actos posteriores.
Finalmente, Carmena ha señalado que se reunirá tantas veces como sea necesario con estas familias y les ha garantizado que el Ayuntamiento hará todo lo que procesalmente resulte posible en las diligencias penales que se siguen contra quienes fueron detenidos el día del derribo y contra los que pesan diversas denuncias por parte de las fuerzas de seguridad./
El edificio propiedad de esta familia, situado en la calle Ofelia Nieto número 29 de Tetuán, fue derribado en febrero de este mismo año por el Ayuntamiento para ejecutar el plan urbanístico.
En la reunión de hoy Carmena ha reconocido "el daño y la injusticia sufrida por esta familia" y también "el valor de la lucha que han llevado a cabo, y la dignidad con la que han ejercido su derecho a una vivienda".
Carmena se ha comprometido a que en este solar ninguna promotora construya viviendas libres sino que la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) será la encargada de construir allí viviendas sociales en un plazo aproximado de dos años y medio. Tres de esos pisos serán en propiedad para la familia Gracia González. El Ayuntamiento firmará con ellos un convenio de realojamiento que garantice unas viviendas de características similares a las que tenían ya que "aunque el daño es irreparable, al menos que estas familias no sufran un empeoramiento en sus condiciones de vida anteriores".
Asimismo el ayuntamiento se ha comprometido a estudiar soluciones y ayudas durante el tiempo que se tarde en construir las viviendas. Los responsables municipales han transmitido a la familia que el nuevo equipo de Gobierno "en ningún caso especulará con terrenos públicos, como ha ocurrido en algunas ocasiones pasadas", y ha reconocido que el procedimiento que se utilizó, aunque esté acogido a la legalidad, no es -a su juicio- moralmente aceptable.
Respecto a la posibilidad de revertir esta situación, los responsables municipales han explicado que el marco legal actual no permite devolver la titularidad de un terreno una vez que éste es público, como es este caso, y que no hay forma de anular este proceso de expropiación, que además no se refiere a una actuación aislada en suelo urbano, sino a una actuación integrada en la que se han afectado 19 fincas y 30 titulares de bienes y derechos, y realojado a 15 familias. En esta operación urbana se han obtenido mediante expropiación 2.200 m2 de suelo destinado a equipamiento, 2.565 destinado a zonas verdes y 3.575 destinado a nuevo viario, además de 10.375 m2 en parcelas de uso residencial. Además esta situación quedó consolidada al no haber recurrido los afectados en su día la modificación puntual del Plan General y sí únicamente actos posteriores.
Finalmente, Carmena ha señalado que se reunirá tantas veces como sea necesario con estas familias y les ha garantizado que el Ayuntamiento hará todo lo que procesalmente resulte posible en las diligencias penales que se siguen contra quienes fueron detenidos el día del derribo y contra los que pesan diversas denuncias por parte de las fuerzas de seguridad./
lunes, 26 de octubre de 2015
En busca de nuevas formas de acceso a la vivienda en Vallecas
El próximo sábado 24 de octubre, el Centro Municipal de Servicios Sociales San Diego albergará la jornada “Nuevas formas de acceso a la vivienda, ¿son posibles en Vallecas?" para analizar las alternativas existentes que puedan solucionar la problemática habitacional del distrito de Puente de Vallecas. El acto, que se desarrollará de 10:30 a 17:30, contará con la participación de diversas personas expertas en el área del urbanismo, la vivienda y los movimientos vecinales, con el fin de conocer las últimas tendencias en la materia, así como explorar su réplica en el distrito de Puente de Vallecas.
22-10-2015 I Vivienda
Tal y como indica la asociación vecinal Puente de Vallecas, entidad promotora del encuentro, otro de los motores del evento “será la participación de las vecinas y vecinos del distrito, de manera que se ofrezcan soluciones al problema de la vivienda desde la mayor diversidad de perfiles posible”. La problemática presenta en la zona diversas aristas, que son comunes a otros distritos periféricos de la capital como Carabanchel, Usera o Villaverde: promociones deterioradas que requieren de una rehabilitación urgente, imposibilidad de acceso a una vivienda para algunos sectores sociales como los jóvenes, problemas de convivencia derivados de ocupaciones promovidas por grupos mafiosos, desahucios hipotecarios...” Solo en el barrio de San Diego, lugar que acoge las jornadas, hay contabilizadas más de 400 viviendas que hoy son propiedad de los bancos tras procesos de ejecución hipotecaria”, asegura Jorge Nacarino, presidente de la citada asociación vecinal.
La jornada se desarrollará en torno a cuatro ejes temáticos: Gestión social del hábitat y medidas urbanísticas; Rehabilitación y cohesión social; Alquiler social; y Modelos alternativos de acceso a la vivienda (cohousing, aparcería urbana, cesión de uso, etc.). Además, se organizarán dos mesas de trabajo en las que las personas asistentes abordarán cómo aplicar las alternativas planteadas en la sesión en los diferentes barrios de Puente de Vallecas.
El acto dará comienzo con la bienvenida y presentación de José Manuel Calvo, concejal de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, que se sentará en la mesa junto a Francisco Pérez, concejal-presidente del distrito Puente de Vallecas y Javier Oliver, de la Asociación Provivienda, la otra entidad promotora del evento. Vicente Pérez, responsable de Urbanismo y Vivienda de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, FRAVM, hará las veces de moderador. A continuación, el arquitecto Eduardo Manglada, primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Madrid entre 1979 y 1982, y consejero de Política Territorial, Obras Públicas, Transportes y Urbanismo de la Comunidad de Madrid entre 1987 y 1991 impartirá la ponencia marco “Derecho a la ciudad”, para dar paso después a un debate organizado en torno a los citados cuatro ejes temáticos:
· Gestión social del hábitat y medidas urbanísticas, a cargo de la oficina de innovación urbana Paisaje Transversal.
· Rehabilitación y cohesión social, con Gaia Redaelli, arquitecta y urbanista. Directora general de Rehabilitación y Arquitectura de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía entre 2012 y 2015.
· Alquiler social, de la mano de Roberto Cacho, CEO & Founder en Etikalia, Inmobiliaria Ética S.L. Responsable del Programa Bizigune del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco entre 2002 y 2013.
· Modelos alternativos de acceso a la vivienda, con David Fernández, miembro de Entrepatios, cooperativa de vivienda de cesión de uso, y Leo Bensadón, director de Logística de Cohousing Verde.
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