El Ayuntamiento de Madrid vota
en contra en una proposición de IU para que el edificio de CLESA sea declarado “Bien
de Interés Cultural”
El edificio, además del valor arquitectónico tiene un gran valor sentimental para los vecinos. El Grupo Popular de la Junta de Distrito de Fuencarral – El Pardo considera que el edificio no reúne las suficientes características arquitectónicas para ser protegido.
Madrid, 14 de mayo 2014. El Ayuntamiento de Madrid ha
desvelado sus verdaderas intenciones respecto al edificio que hasta hace poco
más de tres años albergaba las instalaciones de la fábrica láctea CLESA al negarse a presentar una petición de
incoación de expediente de declaración del conjunto como Bien de Interés Cultural.
Obra del arquitecto Alejandro de la Sota, el conjunto tiene un valor arquitectónico indiscutible. Un hecho que el Ayuntamiento no desconoce ya que la delegada de Urbanismo declaró el pasado marzo que se está estudiando la inclusión del edificio en el catálogo de bienes protegidos del nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
De nuevo, los intereses y las presiones urbanísticas han ganado el pulso a la conservación del patrimonio cultural de la ciudad.
Situado en el Polígono Industrial de Fuencarral, donde las normas urbanísticas han condenado a la desaparición de los edificios industriales a favor de actividades comerciales y hosteleras de varias alturas, el edificio es una víctima más de los intereses especulativos del capital inmobiliario-constructor.
Su actual propietario, la empresa constructora Metrovacesa, tiene unas expectativas que no pasan por la puesta en valor del patrimonio arquitectónico de la ciudad, ya que la empresa ya ha solicitado licencia municipal para la demolición del edificio.
Para Izquierda Unida, “el edificio de la antigua fábrica de CLESA debe ser declarado como ‘Bien de Interés Cultural de la ciudad de Madrid’, no sólo por su calidad arquitectónica, sino también por su valor identitario y por ser una muestra de la arquitectura industrial de mediados del pasado siglo. El diseño del edificio permite además albergar diferentes usos, tanto aquellos contemplados en las normas urbanísticas como otros usos sociales, culturales o sanitarios.”
La apertura de un expediente de protección es, a día de hoy, la única vía para impedir el inminente derribo. La negativa del Ayuntamiento a presentar una petición de apertura del expediente de protección ante la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid muestra, una vez más, las intenciones del consistorio de apoyar el proyecto de Metrovacesa y, en última instancia, de no proteger la arquitectura industrial de la ciudad.
Obra del arquitecto Alejandro de la Sota, el conjunto tiene un valor arquitectónico indiscutible. Un hecho que el Ayuntamiento no desconoce ya que la delegada de Urbanismo declaró el pasado marzo que se está estudiando la inclusión del edificio en el catálogo de bienes protegidos del nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
De nuevo, los intereses y las presiones urbanísticas han ganado el pulso a la conservación del patrimonio cultural de la ciudad.
Situado en el Polígono Industrial de Fuencarral, donde las normas urbanísticas han condenado a la desaparición de los edificios industriales a favor de actividades comerciales y hosteleras de varias alturas, el edificio es una víctima más de los intereses especulativos del capital inmobiliario-constructor.
Su actual propietario, la empresa constructora Metrovacesa, tiene unas expectativas que no pasan por la puesta en valor del patrimonio arquitectónico de la ciudad, ya que la empresa ya ha solicitado licencia municipal para la demolición del edificio.
Para Izquierda Unida, “el edificio de la antigua fábrica de CLESA debe ser declarado como ‘Bien de Interés Cultural de la ciudad de Madrid’, no sólo por su calidad arquitectónica, sino también por su valor identitario y por ser una muestra de la arquitectura industrial de mediados del pasado siglo. El diseño del edificio permite además albergar diferentes usos, tanto aquellos contemplados en las normas urbanísticas como otros usos sociales, culturales o sanitarios.”
La apertura de un expediente de protección es, a día de hoy, la única vía para impedir el inminente derribo. La negativa del Ayuntamiento a presentar una petición de apertura del expediente de protección ante la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid muestra, una vez más, las intenciones del consistorio de apoyar el proyecto de Metrovacesa y, en última instancia, de no proteger la arquitectura industrial de la ciudad.
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