YO, ANTONIA GARCIA.
José Luis Escrivá y Alberto Reyero, Ministro de Inclusión, Seguridad Social
y Migraciones uno, Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y
Natalidad otro, escriben mano a mano la versión española de Yo, Daniel Blake, la película en la que Ken Loach
muestra la violencia administrativa que sufre Daniel Blake, carpintero de 59
años que quiere acceder al sistema de protección social de Inglaterra.
Es la misma violencia que desde el Gobierno de España y el Gobierno de la Comunidad
de Madrid, está vulnerando a Antonia García, a su familia y a todas las
familias empobrecidas en estas últimas semanas. A la farragosa y nada accesible
solicitud del Ingreso Mínimo Vital se ha unido una carta que desde la
Consejería de Reyero, requiere que en el plazo “improrrogable de diez días
hábiles” presenten la solicitud, y en algunos casos, la resolución de la
prestación del IMV.
Ambos gobiernos han creado una espiral de violencia administrativa que
extiende a su paso la angustia que causa el miedo de tener que enfrentarse a
una nueva prestación sin la información suficiente, sin el apoyo de unos
servicios sociales que no se han recuperado del cierre del estado alarma y la
amenaza de perder la prestación que actualmente sostiene sus vidas.
Solicitar el IMV, una carrera de obstáculos.
Desde el 15 de junio se puede solicitar el IMV, teóricamente. Durante
bastantes días sólo fue posible, con dificultades, por vía telemática,
accesible a personas con recursos técnicos (ordenador, escáner, conexión
Internet) y conocimientos suficientes; incluso para estas personas es un
proceso trabajoso y largo. Prueba de ello es el precio que algunos locutorios
desaprensivos han puesto a este trámite, entre 40 o 70 euros.
El laberinto burocrático se retorció con la apertura de las oficinas de la
Seguridad Social para la presentación del IMV. Lograr una cita previa para este
trámite lleva días de llamar insistentemente a un teléfono y cuando consigues
la cita siempre es para varias semanas después.
Una nueva cita que sumar a las que debes concertar con varias
administraciones para lograr reunir toda la documentación, el proceso de
solicitud se convierte en una ginkana de citas, documentos y de nuevas citas
para presentar por registro a la administración documentos de la propia
administración.
No podemos por menos que decirle al gobierno de España, que prometió no
dejar a nadie atrás, que es inadmisible esta chapuza y tenemos que
preguntarles: ¿saben algo sobre las condiciones reales en que viven estas
familias o creen que en España todo el mundo tiene un ordenador, una conexión y
un escáner en la mesa, y convierte “con la gorra” un libro de familia en un
conjunto de ficheros informáticos? Lo que despertó esperanzas se está
convirtiendo en fuente de decepción, indignación y mucho malestar.
Hemos solicitado al gobierno de España que durante la tramitación del IMV
como proyecto de ley se eliminen insuficiencias y restricciones. Hoy le pedimos
algo que no requiere leyes sino respeto, sentido común y buen funcionamiento,
que haya servicios públicos que den apoyo a las personas que quieran solicitar
el IMV ayudándoles a hacerlo, que los registros funcionen adecuadamente, que se
aceleren todos los trámites para conseguir la documentación necesaria, que se
simplifiquen los procedimientos. Que la tramitación del IMV se parezca a lo que
dijeron que iba a ser.
Diez días hábiles.
Mientras las familias y los colectivos que las acompañamos en el proceso de
solicitud del IMV nos organizábamos para presentar todas las solicitudes posibles
antes del 14 de septiembre, plazo fijado en el Real Decreto para reconocer el
derecho a la prestación desde su puesta en marcha, la consejería de Reyero nos
sorprendía con una carta.
Esta carta requiere a Antonia García y a el resto de las familias perceptoras
de la RMI en la Comunidad de Madrid, 22.493 exactamente, a presentar por
registro copia de la solicitud registrada del IMV en el plazo de diez días.
La decisión del envío de la carta tomada por el gobierno PP-Cs, ha
atemorizado y angustiado más a familias que ya lo estaban por no tener
información adecuada del IMV ni saber cómo solicitarlo. Para nosotros, su
objetivo es claro: dejar de pagar cuántas más rentas mínimas puedan. Un
objetivo que ha guiado la política de la RMI desde comienzos de 2017, pero que
ahora quieren aprovechar para hacer de manera masiva, dejando la RMI en una
prestación residual para familias sin derecho a IMV.
Estas cartas, incluyen la amenaza de la suspensión cautelar de la
prestación. Bien sabe Antonia y su gente lo que eso significa, tres meses sin
cobrar pudiendo terminar con una extinción definitiva del derecho. Así le
ocurrió por ejemplo a Lathifa, a la que le da pánico recibir esta carta ya que,
la última vez que vio una de ellas anunciaba una suspensión cautelar cuya razón
era que la consejería había detectado un cambio en el domicilio familiar,
aunque ella misma había informado de ese cambio a los servicios sociales,
cumpliendo su obligación como perceptora de RMI.
Esta carta es la enésima vuelta de tuerca del laberinto burocrático con el
que la Comunidad de Madrid vulnera los derechos de las familias empobrecidas. A
las dificultades para presentar el IMV, Antonia García, debe sumar una más,
enviar a la Comunidad de Madrid la solicitud presentada a la Seguridad Social. Una
nueva cita de registro, un nuevo papel, una nueva desesperación que ante la
inexistencia de citas en los registros públicos de la Comunidad de Madrid, está
llevando a las familias a recurrir al registro público de Correos para cumplir
los plazos, debiendo pagar por registrar una documentación asociada a la
pobreza.
La consecuencia es dolorosa, miles de familias desesperadas por no poder
atender un requerimiento del que dependen sus únicos ingresos estables mientras
no obtengan el IMV. Algo a lo que la Comunidad de Madrid ni siquiera estaba
obligada por la normativa. Podría haber enviado una carta recordando que había
que pedir el IMV, pero sin amenazar aún con suspensiones cautelares dado que
saben perfectamente que no conseguir solicitar el IMV en sólo 10 días no es un
“indicio fundado” de causa de extinción sino una consecuencia natural de la
complejidad del proceso y del cierre parcial de servicios públicos a los que se
ha considerado menos “esenciales” que… las terrazas. También podría haber
invertido esfuerzos en facilitar los datos de las familias perceptoras de RMI a
la Seguridad Social para que esta hubiera reconocido de oficio el IMV a las
familias que tuvieran derecho, como le permite una de las Disposiciones del
Real Decreto.
No ha sido ese el único abuso. También ha sido irregular la extinción de la
RMI que se ha estado comunicando a las familias a las que se les concedió de
oficio, sin solicitarla, la prestación TRANSITORIA Ingreso Mínimo Vital,
diferente al IMV estándar tanto en cuanto a requisitos como porque la IMV
transitoria caduca el 31 de diciembre de 2020 mientras que la estándar es
indefinida. Ha sido irregular porque según el artículo 38.1d del Reglamento de
la RMI, al tratarse de una prestación transitoria por un periodo de seis meses,
menos de un año, correspondía una suspensión temporal en espera de saber si
estas familias conseguirán el IMV a partir del 1 de enero de 2021. Irregular
también es que se haya congelado conscientemente la concesión de nuevas RMI,
incluso aquellas en las que ya estaba hecha la propuesta de concesión y sólo
faltaba la firma, y que rentas mínimas que estaban en una suspensión temporal
que tenía que ser ya levantada lleven cinco meses sin ser pagadas.
La lucha sigue…
Antonia García, al igual que Daniel Blake, al igual que la multitud de
madres de familias monomarentales, al igual que las mujeres solas, al igual que
las familias donde no todos sus miembros tienen permiso de residencia, al igual
que las personas menores de 23 años con salarios precarizados, al igual que
tantas heroínas y héroes anónimos que sufrimos la continua violencia que las
administraciones despliega contra nosotros, no tiramos la toalla.
Gran parte del mal está hecho, pero no podemos dejar de reclamar a la
Comunidad de Madrid que lo corrija en la medida de lo posible:
- que no aplique mecánicamente el plazo de 10 días para acreditar la petición del IMV,
- que comunique a quienes exigió aportar en ese mismo plazo una resolución que puede tardar meses en llegar que fue un error,
- que cancele las extinciones ya hechas de RMI por haber obtenido la IMV transitoria y las convierta en suspensiones temporales, etc.
La Comunidad de Madrid ha hecho oídos sordos a la posibilidad de compaginar
IMV y RMI, que ni siquiera le saldría “costosa”, pero qué menos puede
exigírsele que no hostigue a miles de familias inmersas en el muy difícil
proceso de solicitar el IMV.
Y al Gobierno de España, no podemos dejar de reclamarle que aproveche la
tramitación del proyecto de Ley del Ingreso Mínimo Vital, para situar en el
centro de esta prestación nuestra vida y transforme una ley hecha a medida del
presupuesto disponible en una ley hecha para ser el primer y decidido paso para
la erradicación de la pobreza.
Tienen la oportunidad, ambos, de hacer un giro de guion, que por una vez la
burocracia no se cebe con las familias vulneradas, no se revista de aporofobia,
de odio y de desprecio a las y los pobres.
El maltrato administrativo a las familias empobrecidas es una bajeza ética,
política y social. Eso es lo que denunciamos hoy. Pero también vamos a seguir
defendiendo la necesaria mejora de la IMV y la necesidad de que la RMI
complemente al IMV. Hemos hecho nuestras propuestas y las vamos a defender.
Ahora nos absorbe el apoyo a las familias afectadas. Pero no muy tarde vamos a
defenderlas en la calle. Y pediremos a quienes crean que no hay que combatir
contra las personas pobres, sino contra la pobreza y sus causas, que se sumen a
esta lucha necesaria.
Renta Mínima Tu Derecho
- Asamblea 15M Coslada / Invisibles de Coslada
- Asamblea Popular 15M de la Sierra Norte de Madrid
- Asamblea de Vivienda Usera/PAH/Stop Desahucios
- Asociación Apoyo
- ATD Cuarto Mundo
- Centro Pastoral San Carlos Borromeo
- Coordinadora de barrios
- ForoServSocial Madrid
- Invisibles de Tetuán
- Marea Básica contra el Paro y la Precariedad
- Observatorio de la Exclusión Social y los procesos de inclusión en la Comunidad de Madrid
- Observatorio Ético Internacional
- Oficina Jurídica de Derechos Sociales
- Plataforma de Trabajadoras y Trabajadores En Paro de San Blas/Canillejas
- Red de Solidaridad Popular de Latina-Carabanchel
- Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid
Aires Asociación
Asamblea de Vivienda de Latina
Asamblea Popular de Carabanchel
Asociación AD Los Molinos
Asociación Agua de Mayo
Asociación Alma Latina
Asociación Barró
Asociación Caminar
Asociación Creando Huellas
Asociación de Amistad 1º de Mayo
Asociación de Vecinos Manzanares – Casa
Campo
Asociación de Vecinos San Isidro de
Carabanchel Bajo
Asociación El Fanal
Asociación Profesional de Técnicas en
lntegración Social Comunidad de Madrid
Asociación Realidades
Asociación Vecinal Barrio Centro
(Leganés)
Asociación Vecinal Cornisa
Asociación Vecinal de Aluche
Asociación Vecinal El Val (Alcalá de
Henares)
Asociación Vecinal La Fraternidad de Los
Cármenes
Asociación Vecinal La Nueva Elipa
Asociación Vecinal Lucero
Asociación Vecinal Puerta del Ángel
Caritas Unidad Pastoral
Carta contra el hambre
Casa Vecinal de Tetuán
Coordinadora de desempleadas y precarias
Comunidad de Madrid
Coordinadora Vecinal de Latina (COVELA)
Coordinadora Vivienda Madrid
Cristianas y cristianos de base de
Madrid
El Desván Social S. Coop. Mad.
Flipas GAM
Fundación Diversitas
Marea Naranja Madrid
Mesa de derechos sociales del Foro local
de Moratalaz
Orgullo Loco Madrid
Parroquia S. Francisco Javier y S. Luis
Gonzaga
Parroquia S. Ignacio de Loyola
Plataforma de la Carta contra el Hambre
Plataforma La CuBa, Lavapiés
Plataforma Tetuán eres Educación Pública
Programa Regional de Apoyo a las
Defensorías del Pueblo de Iberoamérica (UAH)
Red de Cuidados de Chamberí
Red de Cuidados de Moratalaz
Tetuán Resiste
Urge Parla
SI.L.VI.A.
Stop Desahucios Móstoles
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