El fraude de la Renta Mínima
Javier López
Patrono de las Fundaciones Abogados de Atocha y de la Sindical Ateneo 1º de Mayo
2 de agosto de 2019
Tras la Huelga General del 14-D, aquella primera gran huelgona de la España democrática, CCOO y UGT presentaron una Propuesta Sindical Prioritaria (PSP) en la que incorporaban las principales reivindicaciones sindicales dirigidas al gobierno de Felipe González.
Una de aquellas propuestas de los sindicatos reivindicaba la instauración de una Renta Mínima que, junto a las pensiones contributivas, no contributivas, las prestaciones por desempleo, o de atención a la dependencia, se constituyera en la última red de protección para aquellas personas que carecían otro tipo de ingresos.
El gobierno socialista, de la mano de la ministra Matilde Fernández, se embarcó en un tortuoso debate sobre la caña y el pez. Si era preferible dar peces, o enseñar a pescar. Dieron curso a la exigencia de crear las pensiones no contributivas para quienes no hubieran cotizado lo suficiente a lo largo de su vida laboral y dejaron en manos de las Comunidades Autónomas la instauración de la Renta Mínima, dando lugar a modelos muy distintos y aplicados a ritmos muy dispares. Hubo que esperar al gobierno Zapateropara ver aprobada una Ley de Atención a las situaciones de dependencia.
Pero a principios de los 90, Navarra, Euskadi, Cataluña y Madrid fueron los primeros en dar el paso de crear programas de rentas mínimas en España. En Madrid los sindicatos comenzamos a negociar la Propuesta Sindical Prioritaria, madrileñizada, con el gobierno de Joaquín Leguina. Elena Vázquez era entonces la consejera responsable del Bienestar Social y los Servicios Sociales.
Había contactado, como asesores expertos, con profesores de la Universidad de Navarra, encabezados por Mario Gaviria, que escribió en aquella época un libro titulado precisamente La Caña y el Pez, en el que defendía las rentas mínimas con datos, cifras y comparativas europeas. Entre aquellos profesores se encontraban Miguel Laparra, hasta hoy vicepresidente del Área Social del Gobierno de Navarra, o Manuel Aguilar Hendrickson, ahora en la Universidad de Barcelona.
Con aquel equipo negociamos y construimos el primer decreto de Ingreso Madrileño de Integración (IMI), que incorporaba prestaciones económicas, ayudas puntuales y programas de inserción laboral e integración social. Siguiendo aquellos primeros pasos, el resto de Comunidades Autónomas fueron aprobando decretos, o leyes, de rentas o ingresos mínimos.
El gobierno de Alberto Ruiz Gallardón aceptó públicamente, en el Congreso de CCOO de Madrid del año 2000, donde fui elegido Secretario General del Sindicato, nuestro reto de convertir la prestación regulada por decreto en un derecho de toda persona sin recursos a percibir una renta mínima y las ayudas necesarias para asegurar la suficiencia económica y la autonomía personal. La Ley de Renta Mínima de Inserción vio la luz a finales de 2001.
Varias legislaturas después, protagonizadas por las ranas del aguirrismo y por una crisis económica que ha dejado duros problemas en una parte importante de nuestra sociedad, la renta mínima se ha convertido en un derecho recortado y sometido a todo tipo de manipulaciones.
CCOO ha denunciado recientemente el espejismo que el gobierno regional quiere presentarnos como un éxito. La recesión económica ha sido superada, pero la crisis económica y social sigue instalada entre la ciudadanía madrileña. Más de 1.250.000 personas viven en riesgo de pobreza en nuestra Comunidad. 300.000 personas viven en situación de pobreza severa. Sin embargo la Renta Mínima beneficia tan sólo a 106.000 personas (5.000 menos que el año pasado).
No tiene explicación alguna que cuando las desigualdades y los problemas de las personas y familias desfavorecidas se han acrecentado a lo largo de los últimos años no se ejecute la totalidad del presupuesto anual destinado a la Renta Mínima, máxime cuando se trata de una partida abierta, que puede ser ampliada en caso de que las necesidades lo hagan necesario.
El hecho de que un derecho subjetivo como la Renta Mínima, se vea recortado y se module anualmente el número de beneficiarios a base de suspensiones cautelares, extinciones, alargamiento de plazos, denegaciones, o interpretaciones restrictivas y a la carta de los requisitos, constituye un fraude real que hace que muchas familias y personas queden varadas en situaciones de pobreza que, lejos de ser transitorias, se convierten en horizonte y expectativa de vida.
Si la última red de protección contra la pobreza deja de funcionar, esas personas y esas familias, las que más necesitan de la acción protectora de la política y los políticos, quedan sometidas a las implacables leyes que rigen la desigualdad, la pobreza y la insolidaridad. Todo lo contrario de lo que significa gobernar para construir sociedades libres y cohesionadas.
Una de aquellas propuestas de los sindicatos reivindicaba la instauración de una Renta Mínima que, junto a las pensiones contributivas, no contributivas, las prestaciones por desempleo, o de atención a la dependencia, se constituyera en la última red de protección para aquellas personas que carecían otro tipo de ingresos.
El gobierno socialista, de la mano de la ministra Matilde Fernández, se embarcó en un tortuoso debate sobre la caña y el pez. Si era preferible dar peces, o enseñar a pescar. Dieron curso a la exigencia de crear las pensiones no contributivas para quienes no hubieran cotizado lo suficiente a lo largo de su vida laboral y dejaron en manos de las Comunidades Autónomas la instauración de la Renta Mínima, dando lugar a modelos muy distintos y aplicados a ritmos muy dispares. Hubo que esperar al gobierno Zapateropara ver aprobada una Ley de Atención a las situaciones de dependencia.
Pero a principios de los 90, Navarra, Euskadi, Cataluña y Madrid fueron los primeros en dar el paso de crear programas de rentas mínimas en España. En Madrid los sindicatos comenzamos a negociar la Propuesta Sindical Prioritaria, madrileñizada, con el gobierno de Joaquín Leguina. Elena Vázquez era entonces la consejera responsable del Bienestar Social y los Servicios Sociales.
Había contactado, como asesores expertos, con profesores de la Universidad de Navarra, encabezados por Mario Gaviria, que escribió en aquella época un libro titulado precisamente La Caña y el Pez, en el que defendía las rentas mínimas con datos, cifras y comparativas europeas. Entre aquellos profesores se encontraban Miguel Laparra, hasta hoy vicepresidente del Área Social del Gobierno de Navarra, o Manuel Aguilar Hendrickson, ahora en la Universidad de Barcelona.
Con aquel equipo negociamos y construimos el primer decreto de Ingreso Madrileño de Integración (IMI), que incorporaba prestaciones económicas, ayudas puntuales y programas de inserción laboral e integración social. Siguiendo aquellos primeros pasos, el resto de Comunidades Autónomas fueron aprobando decretos, o leyes, de rentas o ingresos mínimos.
El gobierno de Alberto Ruiz Gallardón aceptó públicamente, en el Congreso de CCOO de Madrid del año 2000, donde fui elegido Secretario General del Sindicato, nuestro reto de convertir la prestación regulada por decreto en un derecho de toda persona sin recursos a percibir una renta mínima y las ayudas necesarias para asegurar la suficiencia económica y la autonomía personal. La Ley de Renta Mínima de Inserción vio la luz a finales de 2001.
Varias legislaturas después, protagonizadas por las ranas del aguirrismo y por una crisis económica que ha dejado duros problemas en una parte importante de nuestra sociedad, la renta mínima se ha convertido en un derecho recortado y sometido a todo tipo de manipulaciones.
CCOO ha denunciado recientemente el espejismo que el gobierno regional quiere presentarnos como un éxito. La recesión económica ha sido superada, pero la crisis económica y social sigue instalada entre la ciudadanía madrileña. Más de 1.250.000 personas viven en riesgo de pobreza en nuestra Comunidad. 300.000 personas viven en situación de pobreza severa. Sin embargo la Renta Mínima beneficia tan sólo a 106.000 personas (5.000 menos que el año pasado).
No tiene explicación alguna que cuando las desigualdades y los problemas de las personas y familias desfavorecidas se han acrecentado a lo largo de los últimos años no se ejecute la totalidad del presupuesto anual destinado a la Renta Mínima, máxime cuando se trata de una partida abierta, que puede ser ampliada en caso de que las necesidades lo hagan necesario.
El hecho de que un derecho subjetivo como la Renta Mínima, se vea recortado y se module anualmente el número de beneficiarios a base de suspensiones cautelares, extinciones, alargamiento de plazos, denegaciones, o interpretaciones restrictivas y a la carta de los requisitos, constituye un fraude real que hace que muchas familias y personas queden varadas en situaciones de pobreza que, lejos de ser transitorias, se convierten en horizonte y expectativa de vida.
Si la última red de protección contra la pobreza deja de funcionar, esas personas y esas familias, las que más necesitan de la acción protectora de la política y los políticos, quedan sometidas a las implacables leyes que rigen la desigualdad, la pobreza y la insolidaridad. Todo lo contrario de lo que significa gobernar para construir sociedades libres y cohesionadas.
FUENTE: madridiario
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